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José Donoso, Director General de UNEF[/caption]
A la hora de implementar un sistema de retribución a las energías renovables, los principales aspectos que el ente regulador tiene que tener en cuenta son, por una parte, fijar un precio adecuado y, por otra, conseguir la realización del objetivo de capacidad previsto.
Hasta ahora, los sistemas de retribución más empleados han sido los sistemas de precio fijo, los certificados verdes, las subvenciones y las subastas energéticas, cada uno de los cuales presenta diferentes ventajas e inconvenientes.
Últimamente, a nivel mundial, las subastas se han afirmado como los sistemas de adjudicación de potencia preferidos por los reguladores. Este fenómeno se debe principalmente a dos factores: en primer lugar, el hecho de que la Unión Europea indica, en las líneas directrices de Ayudas del Estado, la necesidad de adecuarse a una filosofía de mercado, requiriendo además que, a partir de enero 2017, la mayor parte de la nueva potencia instalada se haga en base a subastas tecnológicamente neutrales.
En segundo lugar, en mercados como el latinoamericano y el de Oriente Próximo, se registra una cada vez mayor utilización de las subastas, que se convierten de esta manera en el sistema de retribución más común. Con este respecto, cabe destacar que en países como Reino Unido, Francia o Irlanda las subastas fueron el primer sistema que se implementó para promover las renovables.
En España también se han llevado a cabo subastas de energías renovables, las últimas de las cuales tenían un carácter marginalista.
En este modelo la retribución de los ganadores se homogeniza con la más alta que ha entrado dentro de la potencia adjudicada, lo que significa que si alguien ha ofrecido un precio de 2, y el último que ofrece lo hace a un precio de 4, el sistema va a conceder el proyecto al primero pagando el precio más alto, o sea 4.
Este aspecto representa el primer gran inconveniente del modelo marginalista, porque los ofertantes pueden tener la tentación de realizar ofertas temerarias y de riesgo para conseguir la adjudicación de potencia, confiando en que el precio final será cerrado por una oferta superior presentada por otros ofertantes. En cambio, si los oferentes realizan ofertas que se corresponden con la retribución que consideren adecuada, las ofertas más bajas recibirán una sobre retribución al cerrarse el precio en relación a la oferta más cara.
Desde la Unión Española Fotovoltaica, consideramos que, para que la subasta funcione de manera correcta, tiene que basarse en un modelo que tenga características distintas.
En primer lugar, tiene que funcionar en base al precio aceptante, es decir, el precio que se ofrece corresponde al precio que se va a pagar.
En segundo lugar, la adjudicación de la potencia debe ser en función del precio por kilowatio/hora producido, y no en función del coste de inversión, porque solo de esta manera se evita dar lugar a costes falseados y se acaba primando las plantas y los proyectos más eficientes.
Por último, lo ideal sería que las subastas fuesen tecnológicamente neutrales, para que cada tecnología pueda participar en igualdad de condiciones, dejando que sea la más competitiva quien gane.
La tecnología fotovoltaica ha alcanzado un tal nivel de madurez y de competitividad que puede permitirse competir en un sistema de subastas tecnológicamente neutrales como cualquier otra tecnología.
Las subastas de energías renovables llevadas a cabo en México este año, donde la tecnología fotovoltaica se ha adjudicado el 75% de los proyectos ganadores con un precio de 36euros/Mwh, son una demostración evidente.
Los grandes éxitos alcanzados por la fotovoltaica a nivel internacional chocan de manera clara con lo que ocurre en nuestro país. Baste con decir que, en España, a principio de este año, el Ministerio de Industria anunció la celebración de una subasta de nueva potencia en la que se asignaba un régimen retributivo exclusivamente a 500MW de energía eólica y de 200MW de biomasa. La tecnología fotovoltaica quedó así inexplicablemente excluida de la primera subasta que se llevó a cabo desde la moratoria de 2012.
La noticia que se ha dado a conocer en los últimos días sobre la intención del Gobierno de reactivar las subastas, incluyendo en esta ocasión a la tecnología fotovoltaica, junto a la previsión de inaugurar la primera subasta específicamente fotovoltaica de entre 500 y 1.000 MW antes del fin de 2016, abre un horizonte esperanzador para nuestro sector. Este cambio de tendencia se debe a la voluntad del Secretario de Estado de cumplir con el compromiso relativo a la parte de energías renovables previsto por los objetivos del 20/20 establecidos por la Unión Europea.
Confiamos en que desde el Gobierno haya una clara intención de exponer un programa estructurado de subastas, para que los agentes puedan tener una visión de continuidad y para que se produzca el impacto esperado en la consecución de los objetivos a 2020.
Artículo publicado en la revista ERA SOLAR n. 193, Julio/Agosto 2016
En el III Foro Solar Español hablaremos del tema de las subastas: consulta la
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