El término “autoconsumo” se utiliza para designar el proceso por el que instalaciones, habitualmente de energía solar fotovoltaica, generan electricidad de manera distribuida con el objetivo de que ésta sea consumida de manera local.
El autoconsumo conlleva una serie de ventajas económicas, ambientales y sociales que hacen que su desarrollo sea muy deseable.
Además, posibilita un cambio de modelo energético que permite democratizar la energía, es decir, generar electricidad a través de un gran número de pequeñas instalaciones cuya propiedad y gestión está más repartida.
La normativa de autoconsumo en España, el Real Decreto 900/2015, incluye sin embargo una serie de medidas que, en lugar de promover el desarrollo del autoconsumo, representan importantes trabas al mismo. El amplio consenso social y político sobre la necesidad de modificarla se ha traducido en un
acuerdo aprobado el pasado febrero para implementar una serie de “medidas urgentes para el fomento del autoconsumo eléctrico”.
En
este informe, el
Observatorio Crítico de la Energía analiza la normativa de autoconsumo en otros países (Alemania, EE.UU. y Chipre) en tres áreas en particular para extraer lecciones aprendidas, identificando aquellos aspectos que han resultado más exitosos y descartando aquellos que han dado lugar a un resultado indeseado.
¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas?
Propiedad de las instalaciones
Los esquemas de retribución sencillos y estables en el tiempo favorecen la participación ciudadana en el desarrollo de las renovables a través del autoconsumo o las cooperativas de generación eléctrica renovable. La futura legislación de autoconsumo deberá considerar que los nuevos actores del mercado eléctrico como cooperativas, pequeñas y medianas empresas, ciudadanos, ayuntamientos y otros organismos pueden convertirse en autoconsumidores propietarios de su instalación. Para ello, se deberá evitar cualquier procedimiento o requisito que obstaculice su participación.
En particular, en cuanto al esquema retributivo de la energía vertida a la red, el Balance Neto por su sencillez podría redundar en un mayor porcentaje de instalaciones en manos de la ciudadanía. También existen esquemas de financiación privada como PPA o leasing, en los que participa una empresa, como sucede en California. Estos resultan útiles para vencer el obstáculo que supone la inversión inicial en una instalación de autoconsumo.
Instalaciones compartidas
De nada sirve resolver el problema del acceso a financiación si no se cuenta con modelos simples de instalaciones compartidas que fomenten la posibilidad de habilitar instalaciones de autoconsumo en edificios de apartamentos. Si bien no existen muchos esquemas de autoconsumo que incentiven el desarrollo de instalaciones compartidas en otros países, uno de los esquemas permitidos en California podría ser adaptado para el caso de España. Se basa en realizar instalaciones fotovoltaicas en multipropiedad. Así, de toda la energía que genera una instalación que es propiedad de varios vecinos, le corresponde a cada vecino la parte proporcional a su porcentaje de propiedad en la instalación.
Autoconsumo y pobreza energética
Para que el autoconsumo suponga una herramienta útil de lucha contra la pobreza energética es imprescindible establecer esquemas que permitan el acceso a estos sistemas de aquellas familias que se encuentran en una situación vulnerable. Mecanismos de financiación privada como los que existen en EE.UU. (PPA o leasing) deben acompañarse de esquemas que permitan la propiedad compartida de instalaciones para que tengan alguna posibilidad de llegar a hogares con reducida capacidad de ahorro. Pero, además de esto y sin duda, la estrategia más efectiva para permitir el acceso al autoconsumo de hogares en pobreza energética es la cofinanciación pública de las instalaciones, como se está utilizando en Chipre (Programa Energía Solar Para Todos) y en California (Multifamily Affordable Solar Housing).
Desde el
Observatorio Crítico de la Energía confiamos en que estos aspectos que han resultado exitosos en otros países puedan ser útiles para la futura legislación de autoconsumo en España, adaptándolos a las características de nuestro mercado. En definitiva, una legislación con trámites administrativos simples, flexible en cuanto a la propiedad de las instalaciones y a los mecanismos de financiación, con mecanismo de retribución sencillos y estables en el tiempo.
