Unas semanas más tarde de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre de 2019, PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo para un Gobierno de Coalición. El texto de dicho acuerdo se publicó íntegramente el pasado 30 de diciembre de 2019.
Este Gobierno estará liderado por Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, quien recibió los apoyos del Parlamento el 7 de enero de 2020 resultando investido Presidente. Se espera que los ministros y ministras del Gobierno sean nombrados en los siguientes días y se celebre el primer Consejo de ministros el viernes 10 de enero.
Los principales puntos del mencionado acuerdo en lo que se refiere a las energías renovables y a la regulación del sector eléctrico son los siguientes:
Lucha contra el cambio climático
El acuerdo incluye como principal medida en este sentido la aprobación de la Ley de cambio climático que vertebrará las políticas a realizar e incluirá objetivos específicos de reducción de emisiones. Se menciona explícitamente que la generación eléctrica será 100% renovable en 2050 y entre el 85% y el 95% en 2040. También se contempla la aprobación definitiva del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), del que se publicó un primer borrador en febrero de 2019.
Reforma del mercado eléctrico
El acuerdo contempla un Plan de Reforma del Sistema Eléctrico que persiga el doble objetivo de impulsar la descarbonización y producir precios asequibles para consumidores y empresas.
En lo referente al mercado, se prevé una reforma que traslade la reducción de coste de las renovables al precio de la electricidad al mismo tiempo que se garantice una “rentabilidad adecuada” que asegure su pleno desarrollo. Para ello, se modificará la regulación de las subastas hacia un diseño basado en un precio por la energía y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas.
Asimismo, el texto del acuerdo incluye acabar con los “beneficios caídos del cielo” que reciben en el mercado “determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión”. También se plantea una revisión de los pagos por capacidad limitándolos a medidas “condicionales, transitorias, sin distorsiones, de último recurso”.
Reforma de la factura eléctrica
El acuerdo contempla modificar la factura eléctrica para reducir el peso del término fijo o de potencia. Además, para el término variable (excluyendo el precio del mercado) se plantea un diseño incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por los primeros kWh sea inferior a los siguientes.
Estrategia de Transición Justa
Se prevé la elaboración de “planes de acción urgente” para las zonas afectadas por el cierre de centrales de carbón y nucleares que planteen escenarios de desarrollo económico “estables, predecibles y competitivos”. A través de estos planes se pretende fomentar “el desarrollo e inversión en innovación y tecnologías verdes” en estas zonas, incluyendo la formación necesaria para que puedan aprovecharse las nuevas oportunidades de empleo.
Asimismo, se propondrá en las instituciones europeas la creación de un Fondo europeo de Transición Justa que financie la reconversión económica de los sectores y territorios vulnerables ante el proceso de descarbonización.
Reforma del Bono social
El acuerdo plantea una “reforma profunda del bono social eléctrico” además de la creación un “bono general” que incluya el bono gasista. El coste de financiar el bono social eléctrico recaerá en las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario.
Plan de movilidad sostenible
Se contempla la elaboración de una Ley de Movilidad Sostenible que incluya ayudas económicas para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga en zonas urbanas entre otras medidas.
Plan de Desarrollo Industrial
Se prevé la elaboración de un Plan de Desarrollo Industrial con horizonte 2030 que se apoye en la transición ecológica y la descarbonización para incrementar la aportación de la industria al PIB y cree empleo de calidad.
Nueva fiscalidad verde
El acuerdo contempla la introducción de una nueva “fiscalidad verde” que sirva para desincentivar comportamientos nocivos para el medioambiente, aunque “evitando siempre que cualquier modificación recaiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autónomos y PYMES”.
Asimismo, según el acuerdo, se propondrá en las instituciones europeas la introducción de un carbon border tax (un impuesto sobre el CO2 a las importaciones a la UE), que sirva para combatir el dumping de los países que no cumplan con el Acuerdo de París y cuya recaudación financiaría el desarrollo del Green New Deal.
Impulso del Green New Deal
Se contempla el impulso en las instituciones europeas de “un verdadero Green New Deal” que tenga los recursos presupuestarios y técnicos adecuados e incluya compromisos de reducción de emisiones firmes y verificables.