Un sólido Paquete de Invierno es imperativo para la futura descarbonización de la energía

Firmado por Aida González, Responsable de Política Energética de UNEF En noviembre de 2016 la Comisión Europea publicó el Paquete de Invierno, mal llamado de invierno porque se publicó en otoño, pero tanta expectación y tanto trabajo previo por parte de todos los actores involucrados causó que ese nombre haya perdurado, siendo aun así su nombre correcto el Paquete de Energía Limpia para Todos los europeos. Se compone de decenas de directivas, regulaciones, comunicaciones y otros documentos que pretenden dar forma al mercado energético en 2030 a través de una transición total a un mercado digitalizado. Sus ejes principales son el aumento de la energía renovable y la eficiencia energética, la reducción de gases de efecto invernadero y la posibilidad de los consumidores de tener un mayor conocimiento de su demanda energética, además de la oportunidad de involucrarse de manera activa en el mercado energético, ya sea gestionando su consumo, autoconsumiendo energía, a través de un tercero que gestione su producción y/o consumo o de una cooperativa de energía renovable. No obstante, el texto propuesto está lejos de ser definitivo. Una vez la Comisión propone, es el turno de análisis y debate en el Parlamento Europeo, donde el eurodiputado socialista español José Blanco es el responsable del dossier, y en el Consejo de la Unión Europea, donde el Ministro Álvaro Nadal negociará la posición de España. Este proceso puede durar hasta dos años; una vez oficial, se da la implementación en la legislación de cada país, que puede durar hasta otros 18 meses, con lo que no se espera que se deba cumplir con esta legislación hasta finales de 2020. Uno de los fines de esta legislación es marcar la hoja de ruta para 2050, cuando la UE espera tener una producción de electricidad totalmente libre de carbono. A este respecto, el objetivo de que un 27% del consumo de energía final proceda de fuentes renovables propuesto por la Comisión resulta insuficiente, y así lo manifiesta la propuesta de José Blanco, proponiendo un 35%. Aunque este objetivo es menor que el presentado por responsables de los borradores de otras directivas en el Parlamento Europeo, es el mínimo indispensable para que esté alineado  con los otros objetivos de eficiencia energética y reducción de emisiones. Esta propuesta y muchas otras tendrán que discutirse en el Parlamento Europeo este otoño. Entre las propuestas de mejora ya sugeridas, se encuentran el establecimiento de objetivos de renovables nacionales vinculantes para garantizar que todos los países asuman su responsabilidad (el objetivo propuesto por la Comisión es a nivel UE). El texto también refuerza el papel del autoconsumo y persigue que se eliminen las barreras existentes en algunos países como España: promueve el autoconsumo compartido, obliga a un pago a precio de mercado por la energía vertida a la red, y elimina peajes o cargos a la energía autoconsumida. Además evita una doble imposición al almacenamiento. El apoyo del Parlamento Europeo a estas medidas es imperativo, ya que el Consejo de la UE pondrá difícil la negociación. El papel del gobierno de España en las negociaciones dista mucho del papel protagonista que tuvo en las negociaciones de la primera Directiva de Renovables, publicada en 2009. Sus aportaciones van en la línea de oposición sin contribución con ideas innovadoras. Se opone a que exista un regulador independiente (en España la CNMC) al que le correspondan importantes competencias, como la fijación de tarifas de electricidad. Asimismo califica el autoconsumo de oneroso para el sistema, justificando ese calificativo de la misma manera que lo hace en España e ignorando los beneficios obvios que el autoconsumo tiene tanto para el sistema como para los consumidores y el medio ambiente. Además, el gobierno propone eliminar el texto que prohíbe las medidas retroactivas relacionadas con los mecanismos de apoyo a las renovables. Añade que si el texto prevalece, se debe considerar que la remuneración de un esquema de apoyo no puede estar congelada toda la vida útil del proyecto ya que debe estar sujeto a revisiones continuas para ajustar esa remuneración. Manifiestan que los inversores deben internalizar esta posibilidad en sus planes de inversión, lo que de nuevo va en contra de la seguridad jurídica y la estabilidad necesaria para atraer inversiones. El gobierno tampoco quiere el concepto de ventanilla única para la tramitación de proyectos ni cree que una simple notificación para los proyectos de renovables de menos de 50 kW es necesaria. Persiste en poner trabas a las cooperativas de energía renovable con argumentos que van en contra del verdadero propósito de las mismas. Para justificar la inacción o la negativa a implementar gran parte de las medidas propuestas, el gobierno se escuda principalmente en la mínima capacidad de interconexión con Francia. Esto, sin embargo, no puede ser una excusa para afrontar la transición energética que se necesita hacia un modelo más moderno, dinámico y descentralizado. En definitiva, la tecnología energética avanza a un paso más veloz que la legislación porque no siempre los intereses políticos coinciden con el objetivo de conseguir una regulación adecuada de un sector tan importante para la economía y el medio ambiente como es el energético. Artículo publicado en Industria Ambiente de julio/septiembre 2017