*Artículo escrito por Síntesi Consultoría
Tu proyecto solo será viable si lo entiende y comparte el entorno local. O lo que es lo mismo, si tiene lo que ahora se denomina “licencia social”.
Cada día conocemos nuevos casos de proyectos de plantas de energías renovables que están suscitando oposición en muchos municipios, generalmente del ámbito rural, y que dan mucho que hablar en los medios de comunicación. Eslóganes como “Renovables sí, pero no así” se han extendido por toda la geografía nacional y cualquier colectivo opositor lo hace suyo. Ahora la nueva expresión para referirse a las plantas fotovoltaicas es “paisajes de vitrocerámicas”.
En este contexto, la realidad es tajante: ya no es suficiente con cumplir escrupulosamente con toda la tramitación y normativa para sacar adelante los proyectos renovables; es imprescindible la aceptación por parte de la sociedad. Sin aprobación social, no hay instalación.
En el caso de las plantas fotovoltaicas, el elevado número de proyectos y las mayores dimensiones de suelo que se requieren para su instalación han generado cuanto menos incertidumbre y recelo ante el potencial impacto económico, social y ambiental en el territorio.
Y esa población afectada pide ser informada, escuchada y atendida. Este nuevo componente es clave ya que, si los inversores no lo satisfacen, posiblemente derivará en el rechazo progresivo al proyecto y, finalmente, en su paralización. La actitud pasiva de muchos inversores incentiva la exposición al riesgo y puede frustrar la viabilidad de cualquier proyecto de implantación de energías renovables.
A esta realidad se le suma la incorporación de criterios socioeconómicos en la valoración de los concursos de capacidad de acceso a la red para nuevas instalaciones renovables. Con el antecedente de la concesión para el nudo de Mudéjar 400 kV del pasado mes de noviembre (55 puntos) y la reciente propuesta de Orden Ministerial por la que se convoca el concurso para 17 nudos de la red (19 puntos), se prevé que esta sea la tendencia. Esto significa que, ante el aluvión de solicitudes de nuevas instalaciones de energías renovables, solo los proyectos con mejor impacto social prevalecerán sobre el resto.
Por ello, tanto si los proyectos están en la fase de tramitación con los permisos de accesos y conexión obtenidos, como los que participarán en los próximos concursos para nuevos permisos de accesos a las redes eléctricas, todos requieren de un plan social que les diferencie del resto y que les otorgue el respaldo y la legitimidad de la población local, más allá de las autorizaciones legales y normativas.
Un plan social muy acotado a la realidad del territorio con objetivos asumibles y realistas, que sean percibidos de manera positiva por la población afectada y, en su caso, reciban una óptima ponderación en los concursos de acceso a la red por su potencial para contribuir al desarrollo social.
Para elaborar un plan que cumpla con precisión con estos requisitos y que generen de forma efectiva un retorno social en las comunidades locales, en Síntesi aplicamos una metodología que consta de tres fases:
1) Elaborar un diagnóstico muy real del territorio, identificando los interlocutores principales y su rol, intereses, relaciones y opinión de partida con respecto al proyecto. La clave reside en “dialogar con el territorio”, es decir, en recopilar la información lo más precisa y relevante posible del entorno local a través de contactos, encuentros, entrevistas in situ… y analizarla posteriormente con herramientas específicas para ello.
2) En base a la información recogida, diseñar un plan de acción que ponga en valor la instalación entre la población local, respondiendo lo más posible a sus expectativas y consiguiendo, por tanto, un beneficio mutuo. En esta etapa es importante, además, crear “un relato” o descripción específica del proyecto que lo ponga en valor ante la opinión pública y destaque las oportunidades ad hoc que implicaría para el entorno.
3) Por último, poner en marcha y cumplir el plan social diseñado, a través de una comunicación clara a la población afectada, la creación de alianzas con los principales interlocutores y el diseño de acciones de colaboración que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la zona.
Ahora es el momento de incorporar a los proyectos un plan social en coordinación con los alcaldes y vecinos de la zona, en colaborar con ellos en acciones que les repercuta en beneficios sociales, en definitiva, en crear lo que se conoce como “valor compartido” entre el entorno y los proyectos de plantas renovables. Porque, el contexto actual nos dice que solo conseguirán implantarse los proyectos con mejor impacto social.